EL DIA QUE MÉXICO DEVOLVIÓ LA LUZ A LOS COLOMBIANOS
Colombia es uno de los pocos países en el mundo en donde la generación de energía hidráulica ocupa el mayor porcentaje de la energía que el país consume –aproximadamente el 80%–, el accidente ocurrido el 15 de febrero del 2016 en la hidroeléctrica Guatapé significó un reto mayúsculo no sólo para la paraestatal operaria de la central –Empresas Públicas de Medellín– sino para el país entero ya que se corría el riesgo de una crisis nacional en el suministro de electricidad.
Aprovechando la escorrentía del río Naré que a su vez alimenta al río Guatapé, la central hidroeléctrica El Peño l– Guatapé es el principal embalse de Colombia con sus 1 071 millones de m3 de capacidad; ésta fue puesta en marcha en su primera etapa en 1972 y la segunda en 1979. Está ubicada en el municipio de San Rafael, al oriente del departamento de Antioquia, a 100 kilómetros de Medellín. Cada etapa cuenta con 4 unidades generadoras tipo Pelton de eje vertical, que contribuyen a la red eléctrica de ese país con sus 2 730 GW de energía media anual.
La falla ocurrió a las 14:30 locales, cuando un incendio en el túnel que da acceso a la casa de máquinas dañó los cables de alta potencia del complejo, debido a una falta de coordinación entre los equipos que prestaban mantenimiento, así como de los operarios de la central que derivó en un corto circuito provocado por una fuga de aceite en el revestimiento de los cables. El incendio los daños que éste ocasionó no sólo obligaron a suspender las operaciones de esta central, sino también en las adyacentes hidroeléctricas de Playas y San Carlos, ya que el río Naré alimenta el cauce para que el río Guatapé también pueda generar energía en las ya mencionadas centrales que se ubican en el cauce del mismo. Así, las tres unidades, en conjunto, eran capaces de generar el 15% de la energía de Colombia.
El siniestro fue controlado un día después de la falla. Se evacuaron los daños y se descubrió que la principal afectación fue en los cables mencionados, por lo que fue necesario sustituirlos en su totalidad, en el menor tiempo posible: de acuerdo con los cálculos, el cese temporal de operaciones en la empresa no sólo reducía hasta casi anular los ingresos por la venta de energía, sino que también existía el riesgo de un apagón general en el departamento de Antioquia. Por si estas condiciones fueran poco, existía también el riesgo de innumerables fallas a lo largo de la red eléctrica de todo Colombia debido a la época de estiaje en las demás centrales hidroeléctricas, lo que se acentuaba por el fenómeno natural de “El Niño”, que había provocado que el suministro de los embalses estuviese en su nivel mínimo.
Debido a las apremiantes circunstancias, la paraestatal contactó a la italiana Prysmian Group, que entonces se había consolidado como líder mundial en la fabricación, suministro y diseño de sistemas de cables y accesorios para telecomunicaciones y suministro de energía. La compañía, pese a ello, no tenía en el cable requerido, además de que le llevaría tiempo fabricarlo. No obstante, recomendó contactar a la Comisión Federal de Electricidad en México la cual, durante la transición al hacerse cargo de las operaciones y activos de una empresa ya extinta (Luz y Fuerza del Centro), contaba con el material necesario entre sus bienes adjudicados.
A partir de los cabildeos entre las paraestatales y los gobiernos de ambos países se requirió del préstamo de uno de los aviones de carga más grandes del mundo, el ucraniano Antonov 124, con el cual fue posible trasladar, en ocho viajes, los 57 carretes con 30 kilómetros de cable. Se estimó que la reparación de la central estaría concluida hacia finales de agosto, aunque las labores conjuntas permitieron adelantar casi dos meses el reinicio de sus operaciones y fueron concluidas el 25 de junio.
Los nuevos cables instalados garantizaron la protección de los materiales ante incendios, puesto que, en lugar de estar recubiertos de aceite y plástico, poseen ahora un polímero de alta densidad. De igual manera, se evitaron las pérdidas en la paraestatal, ya que sólo erogaron 25 millones de dólares por la mano de obra y materiales, al comprobarse que el corto circuito no se debió a un error humano o mal estado de las instalaciones; así las demás pérdidas causadas por el cese de operaciones (alrededor de 250 millones de dólares), fueron cubiertas en su totalidad por la aseguradora de la empresa.
